El sistema de control de concentraciones económicas en Argentina atraviesa una transformación estructural: tras una prolongada espera, esta semana, a partir del 17 de noviembre de 2026, el modelo ex post dio paso al control ex ante previsto por la Ley de Defensa de la Competencia N.º 27.442 (“LDC”), lo que permitirá a Argentina alinearse con la tendencia global en la materia y modernizar su sistema. El cambio no es meramente procedimental: transforma la planificación de las operaciones de M&A y la manera en que empresas y sus asesores las llevan adelante.
Bajo el régimen anterior, de carácter ex post, las operaciones sujetas a notificación podían perfeccionarse sin contar con la aprobación de la autoridad de competencia. Esta dinámica tendía, de manera natural y hasta cierto punto comprensible, a restar prioridad al procedimiento y a dilatar, incluso significativamente, el tiempo de análisis. El otro efecto no deseado radicaba en la dificultad de la Autoridad Nacional de la Competencia (“ANC”) para (i) adoptar medidas preliminares durante el procedimiento y (ii) ordenar, en su decisión final, remedios eficaces frente a operaciones complejas que ya se habían perfeccionado y producido efectos negativos sobre la competencia durante la tramitación del procedimiento.
Desafíos que plantea el nuevo sistema
La transición a un sistema ex ante no está exenta de desafíos. El principal se relaciona con el tiempo de análisis. Evitar demoras excesivas no es responsabilidad exclusiva de la ANC, también requiere la colaboración oportuna de los asesores de la transacción y del propio cliente.
Hasta ahora, se solía considerar defensa de la competencia como un trámite posterior al cierre que, por lo general, no le exigía esfuerzos significativos al abogado de M&A durante la negociación del acuerdo. En adelante, será importante que mantenga una comunicación fluida con el abogado antitrust e incluso lo involucre desde las primeras etapas
La ANC deberá continuar aplicando los criterios del Procedimiento Sumario para distinguir las operaciones complejas de aquellas que no presentan problemas de competencia —aproximadamente el 90 %—. La eficacia de la ANC en la aplicación de estos criterios han sido clave para reducir significativamente, en los últimos años, los plazos de análisis de las operaciones de bajo impacto. En adelante, la ANC deberá continuar esta tendencia y concentrar su atención y recursos en el 10 % restante.
Los abogados antitrust deberán ser particularmente rigurosos con la información que presenten y procurar que sea lo más completa y concreta posible. También será importante que aprovechen todas las instancias de comunicación, tanto formales como informales, con la ANC para comprender sus inquietudes, ya que de ellas pueden surgir soluciones que permitan destrabar las dificultades del análisis.
Otro actor relevante —y probablemente el que más deba adaptarse— es el abogado M&A. Hasta ahora, solía considerar defensa de la competencia como un trámite posterior al cierre que, por lo general, no le exigía esfuerzos significativos durante la negociación del acuerdo. En adelante, será importante que mantenga una comunicación fluida con el abogado antitrust e incluso lo involucre desde las primeras etapas de la negociación. Esto permitirá determinar si la operación debe notificarse y cuál podría ser su nivel de complejidad. A partir de ese análisis, el especialista también podrá contribuir a redactar la cláusula de asignación del riesgo asociado a una resolución desfavorable en el procedimiento. Su tratamiento cambia sustancialmente respecto del régimen anterior, en el que lo habitual era que el comprador asumiera la totalidad de ese riesgo.
Asimismo, el abogado M&A deberá instrumentar mecanismos para mitigar los riesgos asociados al intercambio de información sensible, como la firma de acuerdos de confidencialidad o la conformación de clean teams. También deberá prestar especial atención a aquellas cláusulas que regulan la conducta de las partes entre la firma y el cierre, e involucrar en su redacción al abogado antitrust a fin de evitar posibles instancias de gun jumping.
Capacidad de adaptación, el concepto clave
El nuevo régimen exige mayor atención, un compromiso más amplio de todas las áreas de una firma con el cumplimiento de la normativa y una planificación estratégica más coordinada. Para los abogados especializados en antitrust, el desafío será transformar su rol: dejar de ser verificadores finales y convertirse en asesores estratégicos que participen desde la concepción de la operación para alinear, desde el inicio, los aspectos competitivos con los objetivos comerciales de sus clientes.





