En el marco de la causa, cuatro personas fueron imputadas por distintos hechos y se realizaron allanamientos en varios inmuebles.
La Fiscalía especializada en delitos contra la propiedad e integridad de las personas Nº 3 investiga presuntas maniobras de defraudación relacionadas con operaciones de compraventa y transferencia de vehículos en San Pedro.
Allanamientos y documentación secuestrada
Los procedimientos se llevaron adelante a principios de octubre en una escribanía, el Registro Seccional del Automotor de San Pedro y un domicilio particular. Participaron efectivos de la Brigada de Investigaciones, con intervención del ayudante fiscal, doctor Manuel Vargas.
Durante los operativos se secuestró documentación que la fiscalía considera relevante para el avance de la investigación. Entre el material reunido habría formularios de transferencia y otros documentos vinculados con presuntas irregularidades en trámites vehiculares.
Cuatro personas imputadas
La investigación está a cargo del fiscal Aldo Lozano y comprende presuntos delitos de estafa, falsificación de instrumentos públicos, uso de documentos falsos y falsedad ideológica. Las atribuciones se formularon de manera individual contra dos hombres y dos mujeres. La causa continúa en etapa investigativa, por lo que las imputaciones no implican una condena ni determinan por sí solas la responsabilidad penal de las personas involucradas.
Uno de los hombres compareció ante la fiscalía y fue indagado el 29 de octubre. El segundo fue citado para la próxima semana. En tanto, las dos mujeres deberán presentarse el 13 de noviembre para designar a sus abogados defensores. Luego se establecerán las fechas de las respectivas audiencias de imputación.

Pericias y próximos pasos
La fiscalía prevé profundizar las medidas técnicas y periciales. Entre ellas se cuentan análisis caligráficos, informes contables y estudios documentológicos. Además, el legajo ya incorpora tres testimonios.
La investigación seguirá su curso mientras se aguarda la comparecencia de las demás personas citadas. El proceso deberá garantizar el ejercicio del derecho de defensa y reunir elementos que permitan esclarecer cómo se habrían realizado las operaciones y si existieron irregularidades en la documentación utilizada.





