El intendente de La Quiaca, Dante Velázquez, impulsó una acción judicial contra las restricciones establecidas por la Resolución General ARCA 5910/2026. En representación del municipio, presentó un amparo y solicitó una medida cautelar para suspender su aplicación mientras se analiza el impacto que podrían tener en el comercio legal fronterizo y en las actividades económicas locales.
El planteo municipal y su trámite
La causa fue registrada como «Municipalidad de La Quiaca c/ ARCA s/ amparo Ley 16.986», expediente FSA 19533/2026. Según la constancia de sorteo, el 21 de octubre de 2026 quedó asignada al Juzgado Federal de Jujuy n.º 1, Secretaría Civil n.º 1.
El municipio sostiene que las nuevas restricciones pueden afectar los medios de vida de comerciantes, estibadores, transportistas y familias vinculadas al intercambio en la frontera. La cautelar solicitada busca preservar esas actividades mientras avanza la causa. El alcance y la procedencia del pedido deberán ser evaluados por la Justicia.

La responsabilidad institucional
El debate también plantea quién debe responder por la decisión. ARCA fue creada por el Decreto 953/2024 como ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía de la Nación. La resolución cuestionada lleva la firma de su director ejecutivo, Andrés Edgardo Vázquez. Estos datos sitúan la medida dentro de la administración nacional, aunque la evaluación de sus efectos y responsabilidades corresponde a las instancias competentes.
Para los sectores afectados, resulta relevante contar con información clara sobre el origen de las restricciones y los canales disponibles para plantear sus inquietudes ante las autoridades nacionales.
Antecedentes de defensa del territorio y la economía local
La iniciativa judicial se suma a intervenciones previas de Velázquez sobre asuntos fronterizos. En una entrevista publicada en mayo de 2024, habló de las dificultades económicas asociadas a los cambios cambiarios y reclamó controles federales en pasos ilegales. En agosto de 2026, además, presentó ante la Presidencia del Senado la nota 251/2026, en la que advirtió sobre posibles consecuencias de modificar las protecciones de la Ley de Tierras Rurales.

Con el amparo, el municipio traslada la preocupación por el futuro económico de La Quiaca al ámbito judicial. La causa permitirá discutir tanto la legalidad de las restricciones como sus posibles consecuencias para el trabajo y el comercio fronterizo.





