El desarrollo del Transmontaña Rally Enduro en Jujuy quedó en el centro de una fuerte controversia luego de que la Comunidad Indígena Las Capillas del Pueblo Ocloya denunciara penalmente el ingreso de cientos de motocicletas a su territorio ancestral sin autorización ni consulta previa. A los reclamos se sumó la intervención del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que confirmó irregularidades en la documentación presentada por los organizadores y anticipó que avanzará con actuaciones administrativas que podrían derivar en sanciones.
La competencia, impulsada por el diputado nacional Manuel Quintar, se realizó durante el fin de semana y convocó a más de 600 pilotos de diferentes puntos del país y de Bolivia, Chile y Paraguay. El recorrido principal, de unos 90 kilómetros, conectó la Mina 9 de Octubre, en las Serranías del Zapla, con Ciudad Cultural, atravesando sectores de las Yungas y cauces de los ríos Grande y Xibi Xibi.
La realización del evento generó cuestionamientos por el impacto que podría ocasionar sobre ambientes naturales sensibles, fuentes de agua y territorios pertenecientes a comunidades originarias. La polémica también involucra a organismos científicos y autoridades provinciales, que habían advertido sobre la necesidad de contar con estudios ambientales y autorizaciones antes de desarrollar una actividad de estas características.
Después de más de 30 años de realizarse en Tucumán, la competencia llegó a Jujuy. Además, trascendió que la provincia podría volver a recibir la edición 2027, con la posibilidad de extender el acuerdo hasta 2028.
Denuncias por el ingreso a territorio indígena
La Comunidad Indígena Las Capillas, perteneciente al Pueblo Ocloya, fue una de las principales voces que cuestionó el desarrollo de la competencia. Con el respaldo del Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya (CDCPA), sus representantes denunciaron que el paso de los vehículos se produjo sin consentimiento de las autoridades comunitarias.
Según manifestaron, los organizadores no respetaron los compromisos asumidos durante una reunión realizada el 26 de septiembre. La comunidad había expresado previamente su rechazo al ingreso de los competidores y aseguró que tampoco autorizó la utilización de sus tierras para actividades de promoción política.
La presentación judicial apuntó a los posibles daños ocasionados sobre la flora, la fauna, las fuentes de agua, la biodiversidad y los espacios considerados sagrados y de valor arqueológico.
Andrea Lupiañez, abogada que representa a la comunidad, señaló que hasta el momento no habían recibido notificaciones sobre eventuales actuaciones de la Fiscalía.
Ante la situación, los referentes indígenas solicitaron la intervención de distintos organismos, entre ellos el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy, la Comisión de Pueblos Indígenas de la Legislatura, la Fiscalía Ambiental y el Juzgado Ambiental.
También expresaron preocupación por las condiciones climáticas durante la competencia. Las lloviznas registradas en la zona, combinadas con el tránsito de numerosas motocicletas, habrían contribuido al deterioro de senderos y a la erosión de sectores cercanos a los cursos de agua.
El Ministerio de Ambiente advirtió sobre incumplimientos
Otro de los puntos centrales del conflicto es la falta de documentación ambiental que debía estar aprobada antes de la realización del rally.
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy informó que desplegó controles y tareas de fiscalización durante el evento. Desde la cartera aclararon que la declaración de interés legislativo otorgada a la competencia no reemplaza los permisos ambientales ni exime a los responsables de presentar los estudios técnicos correspondientes.
En ese sentido, recordaron que la Ley General de Medio Ambiente N.º 5063 establece la obligatoriedad de evaluar previamente las actividades que puedan generar consecuencias sobre el ambiente.
El organismo provincial indicó que continuará con las actuaciones administrativas y que impulsará las sanciones que correspondan ante los incumplimientos constatados.
A través de un comunicado, también remarcó que el crecimiento del turismo y del deporte debe desarrollarse sin comprometer los recursos naturales de la provincia. En esa línea, sostuvo que la protección del suelo, el agua y la biodiversidad constituye una responsabilidad que debe garantizarse para las próximas generaciones.
Por su parte, José María Albizo Cazón, secretario de Desregulación del Estado y Gobierno Multinivel de Jujuy y referente de la Coalición Cívica, cuestionó la ausencia de documentación técnica. Afirmó que no se habría presentado un Estudio de Impacto Ambiental ni un plan de manejo y almacenamiento de combustibles que contemplara medidas de prevención ante posibles derrames.
El funcionario hizo especial hincapié en que el circuito atravesó cauces de agua utilizados por familias y emprendimientos agroganaderos de sectores periurbanos.
También advirtió sobre la importancia del patrimonio paleontológico de la zona. Como antecedente, recordó el hallazgo de fósiles de gliptodontes en inmediaciones del río Xibi Xibi durante 2017, con una antigüedad estimada de 6,3 millones de años. Se trata de restos de relevancia científica e histórica que podrían quedar expuestos al deterioro por el tránsito de vehículos.
El respaldo político y la participación de Manuel Quintar
La competencia contó con respaldo institucional de la Legislatura jujeña, que la había declarado de interés provincial a partir de una iniciativa promovida por el bloque de La Libertad Avanza.
Uno de sus principales impulsores fue el diputado nacional Manuel Quintar, quien practica enduro y defendió la realización del encuentro bajo el argumento de promover el deporte y generar movimiento turístico y económico en Jujuy.
Sin embargo, su participación también quedó atravesada por la controversia. El sábado previo a la largada, el legislador sobrevoló las inmediaciones de Ciudad Cultural a bordo de un helicóptero que llevaba la inscripción «Milei 2027».

La imagen generó cuestionamientos por la vinculación entre la promoción de la competencia deportiva y la actividad política partidaria.
El episodio se sumó a un cruce que Quintar había protagonizado semanas antes con un periodista que le consultó sobre el Presupuesto 2027. En aquella oportunidad, el diputado respondió: «No mezcle la política con el deporte», y evitó profundizar sobre el tema.
Científicos habían advertido sobre el impacto ambiental
Las objeciones al rally también habían sido planteadas antes de su realización por el Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), organismo dependiente del CONICET y de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).
A través de un pronunciamiento institucional, investigadores expresaron su preocupación por el recorrido elegido, al considerar que atravesaba ecosistemas frágiles ubicados entre San Salvador de Jujuy y Palpalá. Entre los sectores comprometidos mencionaron la Reserva Natural de Usos Múltiples Serranías de Zapla y el Parque Lineal Paseo Xibi Xibi.
El análisis científico identificó diferentes riesgos asociados al tránsito masivo de motocicletas. Entre ellos, la compactación del suelo, el avance de la erosión, la apertura de nuevas huellas y el deterioro de la vegetación que protege las márgenes de los ríos y arroyos.
También se advirtió sobre posibles alteraciones en la calidad del agua, debido al aumento de la turbidez y al arrastre de sedimentos. A esto se suma el efecto del ruido y las vibraciones de los motores sobre la fauna silvestre, que pueden modificar sus espacios de alimentación y reproducción.
Otro aspecto señalado fue el riesgo de contaminación por pérdidas de combustible, lubricantes y residuos, además de las posibles consecuencias sobre sitios arqueológicos y paleontológicos.
Desde el INECOA aclararon que no existe una oposición a las actividades deportivas que se desarrollen de manera sustentable. Sin embargo, remarcaron que cualquier competencia motorizada en ambientes naturales debe cumplir con la legislación vigente, contar con evaluaciones ambientales previas y disponer de medidas de mitigación debidamente aprobadas.
Un conflicto que sigue abierto
La realización del Transmontaña dejó en evidencia un conflicto que excede el ámbito deportivo. Mientras sus impulsores destacaron la convocatoria de competidores y el movimiento turístico generado, las comunidades indígenas y distintos sectores científicos cuestionaron las condiciones en las que se desarrolló la carrera.
Con denuncias judiciales presentadas por el Pueblo Ocloya y actuaciones administrativas anunciadas por el Ministerio de Ambiente, ahora deberán determinarse las posibles responsabilidades de los organizadores y las consecuencias que el paso de las motocicletas pudo haber generado en el territorio.
La discusión también deja planteado un interrogante sobre las condiciones que deberán cumplirse si Jujuy vuelve a ser sede de la competencia en 2027: cómo garantizar el desarrollo de eventos deportivos sin poner en riesgo los ecosistemas, los recursos naturales y los derechos de las comunidades que habitan esos territorios.





